La industria aceitera rechazó la suba de las retenciones por decreto: “No tiene legalidad”

La Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) rechazó este sábado la decisión del Gobierno de aumentar por decreto al 33% las retenciones a la harina y al aceite de soja. A través de un comunicado, aseguró que la medida “no tiene legalidad” y agregó que “desincentiva las exportaciones” y “castiga el empleo industrial”.

“Estos productos representan un tercio de las exportaciones totales de la Argentina y se encuentran en el primer y segundo lugar del ranking anual de ventas totales del país al mundo. Esta medida es una clara indicación que el Gobierno desincentiva las exportaciones, y castiga el empleo industrial, particularmente de las provincias de Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires”, expresó la entidad.

De acuerdo con los representantes del sector aceitero, “el Gobierno tenía opciones diferentes al castigo impositivo”, entre las que mencionaron la activación de “mecanismos directos de compensación a los sectores vulnerables”, la aplicación de “rebajas temporales de IVA” y la “asistencia a productos farináceos y aceites que son los más impactados por las subas internacionales”. También la apertura de nuevos cupos de exportación para registrar ventas futuras en 2022 y 2023 de maíz y de trigo.

“Sin embargo, el Gobierno decidió subir alícuotas en productos procesados que no afectan el índice de inflación, pero deterioran las condiciones de producción, trabajo y exportación del primer complejo exportador nacional”, continúa el texto y agrega: “Toda la cadena de la soja se verá severamente afectada al castigar la capacidad de pago del principal comprador de soja del país”.

Sobre el final del comunicado, CIARA enfatizó además que la suba de las retenciones “no tiene legalidad dado que el Poder Ejecutivo perdió las facultades delegadas del Congreso Nacional y el Decreto debe ser refrendado por la Comisión Bicameral”. En esa línea, advirtió que las empresas agroexportadoras están analizando todas las acciones judiciales para cuestionar la decisión.

Y cerró: “Atender la crisis de precios internacionales que impacta sobre la población argentina es una obligación del Estado y de las empresas, pero atacar la industria nacional ajena a esta situación es el peor de los caminos”.

La posición de sector aceitero se conoce apenas horas después de que el Gobierno oficializara las dos primeras medidas de lo que el Presidente Alberto Fernández bautizó como la “guerra contra la inflación”. A través del decreto 131 de 2022, suspendió “hasta el 31 de diciembre” el decreto 790 de 2020 en el que se reducía las alícuotas de exportación de harina y aceite de soja al 31% y volvió a reponer el valor de 33% fijado en el decreto 230 del mayo de ese año.

Asimismo, el Ejecutivo dio luz a la creación del Fondo Fiduciario Público “Fondo Estabilizador del Trigo Argentino”, “con el objetivo de estabilizar el costo de la tonelada de trigo que compran los molinos argentinos”, según se especificó el decreto 132.