Integrantes de la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (Atilra) mantienen paralizada la producción de la planta La Suipachense, ubicada en la ciudad bonaerense de Suipacha, y en dos plantas de ARSA (Alimentos Refrigerados SA, antes propiedad del Grupo Vicentín), ubicadas en Lincoln y Córdoba, que elaboran alimentos para SanCor.

Según mencionaron, la medida se debe a un reclamo gremial por pagos fuera de término y en cuotas. Además, los trabajadores denunciaron deudas en los aguinaldos y retención de aportes para la seguridad social.

“Se realizaron asambleas alertando a la empresa para que atienda los reclamos gremiales por atacar condiciones laborales, para que cese con hostigamiento. Es de suma importancia mantener la unidad y solidaridad en este momento, acompañando la medida con total acatamiento en busca de preservar nuestros derechos y condiciones laborales”, indicó un comunicado de la comisión directiva de Atilra Junín.

“Una situación compleja”

Por el contrario, desde la Suipachense se informó al portal Mundo Gremial que “el problema viene de la semana pasada, porque se dio de baja a dos contratados temporales por tema Covid, y ellos querían que los reincorporemos”.

Según indicaron, bajo presión sindical organizaron asambleas de dos horas por turno y ahora resolvieron hacer este paro por deuda gremial. “Esto se traduce en que un 10% de la gente no tendrá leche porque la producción se hace de un día para el otro. La situación es muy compleja y los gremios siguen apretando por deudas gremiales que son insostenibles de pagar”, agregó la empresa.

¿Intervención del Estado?

En lo que va del año no es la primera vez que este gremio realiza un reclamo por deudas en los pagos. A comienzos de junio Atilra impulsó embargos en diferentes empresas lácteas por falta de pago en los aportes extraordinarios. En aquel momento la Asociación las calificó de “evasoras compulsivas”.

Ahora, teniendo en cuenta los faltantes de productos que registran algunas cadenas de supermercados a causa de la ola especulativa en torno a los precios, Atilra no descarta la necesidad de que el Ministerio de Trabajo intervenga en esta situación.