“Hay que fomentar el otro campo, el que no es sólo agronegocio y divisas, sino el que alimenta”

Andrés produce ajíes, morrones y lechuga. Alquila poco más de dos hectáreas en Colonia Urquiza, La Plata, donde también vive. Este viernes cargó cajas de varios kilos en uno de los camiones de la Cooperativa 25 de Mayo-Tierra Mía y llegó hasta la Plaza de los Dos Congresos, donde montó uno de los tantos gazebos de la feria que hasta el lunes ofrece frutas, verduras, pescado y productos artesanales y orgánicos para todo público, especialmente para el que cuenta cada peso que gasta. Los precios son populares, accesibles, pero nada se regala. La idea es mostrar riqueza, no pobreza. Junto a él llegaron cientos de productores familiares que se movilizaron para debatir y también para plantar algo más: la agenda de un sector pujante, tan amplio y diverso como postergado en el imaginario social y las políticas públicas. 

Parte de sus reclamos son compartidos por casi todos: “tierra para producir y también para vivir”, tal como dice la consigna que los nuclea a todos y todas. Dice Andrés: “En mi caso yo alquilo, pago mucho, pero me las arreglo. El problema que tengo es que mi casilla es de tierra y como el campo no me pertenece, tampoco puedo proyectar construir algo mejor. Y no tenemos créditos para comprar. Y ahora nos quieren poner un impuesto al invernáculo y están poniendo trabas a la circulación de los camiones de mercadería. En vez de fomentar lo que hacemos, nos ponen palos en la rueda todo el tiempo”, explica. 

En el “feriazo” se congregaron yerbateros de Misiones, pescadores del Litoral y Mar del Plata, puesteros de Santa Cruz, criadores de la Puna, agricultores de los cordones frutihortícolas de las grandes ciudades y productores de varias otras provincias, como Río Negro, Corrientes y Buenos Aires, todos nucleados en la UTEP-Rama Agraria. Pero más allá de la feria, el objetivo principal es debatir cómo fomentar la agricultura familiar en una asamblea general, que bautizaron “Congreso Nacional por la Tierra, la Producción y Nuestra Casa Común”. 

Miriam Bruno, referenta del Frente Agrario Octubres y ex coordinadora del Foro Nacional de la Agricultura Familiar (Fonaf), explica a Diagonales: “La idea fue juntarnos y consensuar estrategias, teniendo en cuenta la diversidad de nuestro sector, para plantarnos más allá de los gobiernos de turno y que de una vez por todas avancemos en consolidar el otro campo, el que no es sólo agronegocio y divisas, el que alimenta. Somos un sector pujante pero necesitamos políticas públicas. Hoy nadie discute que la agricultura familiar existe, pero falta mucho para que se la tome en serio desde el Estado, así que el desafío es grande”. 

El abanico de organizaciones que participan expresa esa diversidad y abarca desde el Frente Agrario del Movimiento Evita hasta el Movimiento Nacional Campesino-Indígena (Vía Campesina), el Movimiento Plurinacional Madre Tierra, la Federación Nacional Campesina, y la Comunidad Iwi Imeby-Ava Guaraní, entre muchas otras. 

En la agenda de reclamos pica en punta la reglamentación de la ley de reparación histórica para el sector, que data de 2014 pero muchos de cuyos artículos siguen sin política pública específica, ni fondos asignados. El Gobierno actual, de hecho, incumplió la promesa de utilizar giros del Banco Mundial. 

El balance sobre la experiencia del Frente de Todos en la materia, pese a que contó con varios dirigentes en los espacios de decisión, es regular, dice Bruno. “Es mejor que otros gobiernos, pero también hemos retrocedido, por ejemplo hemos perdido el monotributo específico del sector. Y también hay una falta de entendimiento sobre nuestro rol: nosotros somos generadores de riqueza, no sólo sujetos de políticas públicas. No es que nos tienen que dar esto o lo otro, sino que necesitamos el fomento adecuado para entrar al mercado y disputarlo. Tenemos con qué”, describe.   

En ese marco, el planteo general de cara a lo que se viene es doble: programas para el acceso efectivo a la tierra, para superar los arrendamientos caros en terrenos poco productivos, y también tierra para crear hogares, que se resumen en la consigna “tierras para vivir y para producir; y un reconocimiento real del sector “no sólo como parte de la economía popular, sino de la Economía, con mayúsculas”, aclara Bruno. 

La activista y productora pone como ejemplo de lo que el sector busca lo que pudo haberse hecho y no se hizo con la Tarjeta Alimentar: “Es un montón de plata que el Ministerio de Desarrollo aporta a los que menos tienen, pero no hay una sóla política que acompañe que esa erogación estatal se gaste en los mercados de los mismos sectores populares que producen, se la llevan toda las grandes marcas que son los principales responsables de la inflación”. 

Como parte del planteo del sector, Bruno deja una ironía que suena a sentencia: “Que el buen comer no sea un lujo de Palermo y Belgrano”. Es que varios de los productores, como el caso de Andrés, venden su producción a algunos de los restaurantes más caros de la Ciudad. Es una de sus pocas bocas de venta, siempre sobre los sectores de mayor poder adquisitivo. 

“La mayoría de nuestra producción es una comida sana saludable y enriquecida, a diferencia de la del agronegocio”, puntualiza. Son dos caras de la misma moneda: sólo el 1% de los propietarios rurales poseen más del 40% de la tierra, unos 4.500 pools de siembra concentran más del 75% de la producción y apenas cinco empresas extranjeras se encargan del negocio de las exportaciones del sector rural. Lo que exportan los ricos no es lo que comen. “Esa estructura agraria tiene consecuencias en materia económica, política, social y de carácter ambiental. Incluso, esa concentración redunda en quemas indiscriminadas de bosques, montes y humedales con el fin de maximizar las ganancias empresarias”, dice el comunicado que convocó a la actividad. 

“Por eso seguimos planteando que hay otro modelo posible”, sentencia Bruno.