El llamado a las sesiones extraordinarias reactivó la rosca política en el ámbito agroindustrial. El Ejecutivo incluyó en el temario un proyecto de ley muy requerido e impulsado por gran parte del campo y la industria referida al sector. Los actores involucrados ven con buenos ojos de que pueda sortear la grieta y ser ley. Este guiño al campo se da en un momento donde la relación con la Mesa de Enlace se tensionó.

A los pocos días de que llegó Julián Domínguez al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, presentó el proyecto de ley agroindustrial. La iniciativa propone beneficios e incentivos para que el sector agropecuario aumente las exportaciones en 40 mil millones de dólares y genere 700 mil empleos.

Sin embargo, la oposición no se muestra satisfecha con la letra chica del proyecto y ya trabaja en la introducción de cambios. Por su parte, desde el entorno del Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), que impulsa el proyecto, entienden que, artículos más o artículos menos, el Congreso lo convertirá en ley.

La elaboración de la iniciativa llevó más de un año y medio para la parte técnica, pero además significó recaudar apoyos políticos.  El apoyo de dirigentes del oficialismo y el trabajo en conjunto con la parte técnica, permite al CAA esperanzarse con que sea ley. “Que se incluya en las extraordinarias genera expectativas, ya que significa que es prioritario para el Gobierno”, comentó a Letra P Alfredo Paseyro, presidente de la Asociación Semilleros Argentinos e integrante de la mesa técnica del proyecto.

La oposición, hasta ahí

Por su parte, los legisladores y las legisladoras de Juntos por el Cambio valoran el interés del Gobierno por aumentar las exportaciones. Sin embargo, ponen un pero y aclaran que la letra chica del proyecto no necesariamente va en ese sentido.

“Es positivo que el Gobierno plantee un proyecto que busca promover las inversiones a través de beneficios fiscales. Sin embargo, como está planteado no va a ser efectivo”, comentó a Letra P Rogelio Frigerio, diputado del PRO por Entre Ríos. Además, remarcó que se debe discutir la eliminación gradual de los derechos de exportación.

 Por su parte, el diputado radical por Formosa y exministro de Agricultura de Mauricio Macri, Ricardo Buryaile comentó, a este medio, que el proyecto tiene “mucho título y poca realidad”. Al mismo tiempo, insistió en que hay que mejorarlo con puntos que hablen de estabilidad fiscal y agregó que la vigencia hasta 2025 con la posibilidad de que sea hasta 2030 es poco tiempo.

A pesar de marcar sus diferencias, gran parte de la oposición destacó diferentes rasgos positivos del proyecto y deslizan que acompañarán. El mismo deberá pasar por la Comisión de Agricultura y Ganadería y Presupuesto y Hacienda.